El 54,4% de los condenados por terrorismo yihadista en España nunca planificaron un atentado. Difundieron propaganda, captaron, enaltecieron. Terrorismo real — pero radicalmente distinto al que mata. Una distinción con consecuencias directas sobre cómo se evalúa la amenaza y se diseña la respuesta.
Más de la mitad de las personas condenadas por terrorismo yihadista en España en la última década nunca planificaron un atentado ni se desplazaron a combatir. Difundieron propaganda, captaron a otros, enaltecieron organizaciones, financiaron células. Terrorismo real — legalmente, socialmente, en sus efectos sobre el ecosistema radical — pero de naturaleza radicalmente distinta al terrorismo que mata. Esta distinción no es semántica: tiene consecuencias directas sobre cómo se evalúa la amenaza, cómo se diseña la respuesta policial y judicial, y cómo se comunica al público qué está ocurriendo realmente.
La implicación yihadista no es un estado binario — es un continuum de funciones que el sistema terrorista necesita para operar, igual que cualquier organización compleja necesita distintos tipos de trabajo.
Crear, distribuir y amplificar contenido yihadista en redes. Compartir vídeos de ejecuciones, nasheeds, llamadas a la yihad. Gestionar canales de Telegram. No requiere conocimientos especiales, contacto con ninguna organización ni coordinación. Un adolescente de 16 años puede hacerlo desde su habitación.
Glorificar atentados, defender organizaciones terroristas, humillar públicamente a víctimas. Funciona como validación social del proyecto yihadista — señaliza que hay personas en la sociedad que aprueban y celebran la violencia. No es planificar un atentado, pero contribuye al ecosistema de normalización que facilita la captación.
Identificar individuos vulnerables, acercarlos a la ideología, profundizar su compromiso. El eslabón que convierte la simpatía ideológica difusa en militancia activa. Los captadores son el "personal de ventas" del yihadismo — y la mayoría opera sin ninguna orden directa de ninguna organización.
Transferencias de dinero a zonas de conflicto, documentación, alojamiento para viajeros, contactos con otras células. Requiere ya cierta estructura y coordinación, aunque puede ser muy informal.
Viajar a zonas de conflicto para unirse a combatientes. Función operativa directa que implica entrenamiento, combate y adquisición de capacidades letales. Tipificado como delito expreso desde la LO 2/2015.
El terrorismo que mata. Requiere objetivos, recursos, preparación, logística y voluntad de actuar. Es el nivel más pequeño numéricamente — y el más visible mediáticamente. El 17-A (Barcelona 2017) operó en este nivel.
Hay más individuos sin conexión organizativa actuando de forma autónoma — Y al mismo tiempo, entre esos individuos autónomos, está creciendo la proporción que tiene funciones operativas. El yihadismo español se está descentralizando Y volviéndose potencialmente más peligroso en su subconjunto operativo. El delito predominante en 2025 es el adoctrinamiento — la inmensa mayoría de las 100 detenciones es por funciones preparatorias — pero la minoría operativa autónoma crece.
El modelo español interviene deliberadamente antes de que la amenaza se concrete. Reconoce la interdependencia entre la pluralidad de conductas — propaganda, captación, financiación — que en su conjunto hacen posible la materialización de la amenaza terrorista. Destruir el ecosistema preparatorio reduce la probabilidad del atentado.
En cualquier movimiento radical, la proporción que pasa del compromiso ideológico a la acción violenta directa es pequeña. La pirámide tiene una base ancha de difusores y simpatizantes y un vértice estrecho de operativos. El sistema detecta y procesa la base en mayor proporción que el vértice — lo que explica el predominio de condenas por funciones preparatorias.
Sin el Estado Islámico territorial como polo de atracción, la mayoría de los individuos radicalizados no tienen un camino claro hacia la violencia organizada. Se radicalizan online, difunden propaganda, captan en su entorno — pero no reciben instrucciones operativas ni tienen acceso a la infraestructura que haría posible un atentado coordinado.
El error analítico sería concluir que la predominancia de funciones preparatorias significa que la amenaza ha bajado.
Algunos individuos sancionados por enaltecimiento, financiación o difusión de propaganda habían demostrado, a partir de otros elementos probatorios, una clara voluntad de implicarse en acciones operativas. El difusor de propaganda con voluntad operativa frustrada por falta de medios puede convertirse en el planificador de mañana si esas condiciones cambian.
Nueve de cada 10 reincidentes se implicaron en funciones con finalidad operativa (69,2%). Esta aproximación sugiere una mayor profesionalización para la ideación, preparación y comisión de actos terroristas sobre la base de una mayor cualificación y expertise. Los reincidentes son más peligrosos operativamente que los primarios — y España tendrá una oleada de excarcelaciones en la próxima década.
La descentralización produce un tipo específico de amenaza: el individuo radicalizado online, sin conexión organizativa real, que en un momento de activación — un conflicto internacional, un aniversario, una provocación percibida — pasa directamente de la difusión de propaganda al acto violento individual con arma blanca o vehículo. Este perfil es el más difícil de detectar con antelación precisamente porque su huella operativa es mínima hasta el momento del ataque.
La propaganda, la captación y el enaltecimiento no son irrelevantes para la seguridad solo porque no maten directamente. Construyen la cultura de legitimación sin la cual el atentado operativo no puede ejecutarse. La principal amenaza para España continúa proviniendo del yihadismo. Sus estrategias se centran en inspirar acciones de terrorismo individual. La infraestructura de propaganda es la infraestructura del inspiracionismo.
Procesar a alguien por difundir propaganda yihadista o consumir material de adoctrinamiento implica intervenir penalmente en comportamientos muy próximos a la libertad de expresión y de pensamiento. En estadios tan tempranos de los actos preparatorios, difícilmente puede demostrarse que ese sujeto se encuentra ya preparando un atentado terrorista. El autoadoctrinamiento abre la vía a incriminar meras manifestaciones de opinión, difícilmente compatible con la libertad ideológica o de expresión.
Una persona condenada por autoadoctrinamiento puede recibir una pena media de 41 meses. Una persona que planificó activamente un atentado pero fue detenida antes de ejecutarlo puede recibir penas similares. La equiparación de sanciones entre funciones preparatorias y operativas es funcionalmente necesaria para el modelo de acción ultratemprana — pero plantea dudas de proporcionalidad.
El 83% de los casos de autoadoctrinamiento se resuelven por conformidad. Casi nueve de cada diez personas condenadas por el delito más frecuente acuerdan con la fiscalía una pena reducida. La brevedad de las condenas resultantes — mediana de 36 meses — plantea la pregunta de qué trabajo real de desradicalización se hace en ese tiempo.
Una parte significativa del 55,6% de detenciones sin sentencia se resuelve con expulsión administrativa. Para personas en proceso de radicalización con funciones preparatorias, la expulsión elimina la amenaza inmediata en España pero no resuelve la radicalización — y en el espacio Schengen, el individuo puede estar en otro país europeo al día siguiente. La expulsión funciona como exportación del problema, no como solución.
El modelo español ha demostrado eficacia operativa innegable — ningún atentado masivo desde el 17-A de 2017, gestión de un volumen creciente de detenciones, liderazgo europeo en operaciones antiyihadistas. Pero hay una pregunta que el énfasis en la acción ultratemprana tiende a desplazar:
¿El procesamiento masivo de individuos por funciones preparatorias está reduciendo el ecosistema radical o simplemente está gestionando sus síntomas más visibles?
La respuesta honesta es que no lo sabemos. No existe evaluación sistemática de si las detenciones por enaltecimiento y autoadoctrinamiento reducen la radicalización en los entornos de los detenidos o la intensifican por efecto de victimización. No existe estudio publicado que compare las trayectorias de individuos procesados por funciones preparatorias con las de individuos similares que no fueron procesados. La acción ultratemprana tiene una lógica de seguridad sólida y resultados operativos mesurables. Su eficacia preventiva a largo plazo — sobre la radicalización estructural, no sobre los individuos procesados — está por demostrar.
Real Instituto Elcano (2026). Tratamiento policial y judicial del terrorismo yihadista en España (2015-2025).
Reinares, F. y García-Calvo, C. (2024). Pautas de implicación en actividades de terrorismo yihadista. España 2012-2023 (BDEYE). Real Instituto Elcano.
Secretaría de Estado de Seguridad (2025). Balance de la lucha contra el terrorismo 2025. Ministerio del Interior.
Europol (2024). TE-SAT 2024 — EU Terrorism Situation and Trend Report.
García Calvo, C. (2023). Terrorism and counterterrorism in Spain. ICCT Research Paper.