De 282 personas que salieron de España a combatir con grupos yihadistas en Siria e Iraq, 65 han retornado. Algunos están en prisión. Otros están en libertad. El problema estructural de las próximas décadas: ¿cómo gestionar a los que vuelven? Datos del DSN 2024 y análisis del Real Instituto Elcano.
El Departamento de Seguridad Nacional lleva el seguimiento de todos los combatientes terroristas extranjeros (CTE) que salieron de España. El estado actualizado del flujo según el Informe de Seguridad Nacional 2024:
El campo de Al-Hol (Siria), bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias, aloja a decenas de miles de mujeres y menores de familias yihadistas. Las mujeres españolas que siguieron a sus maridos a la zona de guerra.
España repatrió a 2 mujeres y 13 menores desde el campo de Al-Hol. Permanecían en el campo desde 2019 tras la derrota territorial de Daesh. Caso de repatriación humanitaria con evaluación de riesgo individual.
España repatrió a 1 mujer y su hijo de 5 años. La mujer permanecía en Al-Hol desde 2019. Según el Elcano, a día de la operación no se había localizado a ninguna otra española en la zona.
Los menores que crecieron en el califato son el caso más complejo. Muchos no han tenido otra realidad — nacieron en zona de conflicto, recibieron educación yihadista desde la infancia, y regresan a un país que no conocen en muchos casos.
El Real Instituto Elcano publicó un estudio basado en entrevistas con 24 presos yihadistas condenados en España, incluyendo retornados. Identificó tres perfiles con implicaciones radicalmente distintas para la gestión post-penitenciaria:
Defienden la yihad y reafirman su compromiso. El encarcelamiento refuerza la narrativa de victimización. Mantienen vínculos con la red yihadista incluso en prisión a través de visitas, cartas y simpatizantes externos.
Muestran cierto rechazo a la violencia pero la justifican en países musulmanes. Abandonan la militancia activa por cálculo pragmático (reducir condena) sin cambio ideológico real.
Apuestan por un islam plural y rechazan activamente la violencia. El estudio identificó 9 de 24 entrevistados en este perfil (incluyendo 3 mujeres y 6 hombres) con oposición activa a las organizaciones terroristas.',
Los condenados por las grandes operaciones antiterroristas de 2013-2017 están saliendo o van a salir en los próximos años. Sin un sistema de transición eficaz, el riesgo de reincidencia es alto y documentado en el perfil del Desconectado conductual.
España no cuenta actualmente con un programa nacional de reintegración post-penitenciaria específico para yihadistas que haya demostrado eficacia. El Programa Marco de 2016 fue cancelado en 2022.
Al menos 6 de cada 10 CTE que salieron de España tenían nacionalidad marroquí, aunque residieran en España o tuvieran vínculos familiares estrechos. La cooperación con Marruecos es fundamental para la gestión de este flujo — incluyendo el seguimiento de los que están en libertad en terceros países.
El concepto de reradicalización — un individuo que se ha desenganchado o aparentemente desradicalizado y vuelve a la actividad yihadista — no es hipotético en España. Es el patrón documentado en el caso más importante de reincidencia: el individuo que articuló la red de la Operación Escribano desde Estremera, quien había cumplido ya una condena de 14 años por terrorismo y, una vez en libertad, construyó de nuevo una red en 15-20 prisiones españolas.
El individuo sale de prisión habiendo aparentemente abandonado la militancia activa pero manteniendo intactas sus creencias. No ha cambiado de mente — ha cambiado de comportamiento por cálculo. Cuando las condiciones cambian (nuevo conflicto activador, contacto con la red, percepción de oportunidad), la conducta vuelve a alinearse con las creencias.
Los desconectados han cortado sus vínculos con activistas yihadistas, reforzando en su lugar los lazos familiares. Sin embargo, su limitada interacción social fuera de su círculo íntimo obstaculiza su plena reintegración. El ex-yihadista que sale de prisión enfrenta: estigmatización, pocas posibilidades laborales, desconfianza de la comunidad moderada, y a veces sus únicos vínculos relacionales reales siguen siendo con la red yihadista.
Los condenados por las operaciones de 2013-2017 cumplen condenas de entre 4 y 12 años. Los próximos años producirán un número significativo de excarcelaciones simultáneas sin que España haya construido ningún sistema de reintegración estructurado. La experiencia europea — Irlanda del Norte tras el Viernes Santo, el fin de ETA — demuestra que sin inversión real en reintegración, la reincidencia es estadísticamente probable.
En España no existe un trabajo multiagencia coordinado con las organizaciones de la sociedad civil que asegure el proceso de reintegración con posibilidades de éxito. La respuesta española al retornado y al excarcelado es esencialmente policial y penal. Hay seguimiento. No hay reintegración sistemática.
Esta es la dimensión más incómoda y menos debatida del problema — combina emergencia humanitaria con riesgo de seguridad de forma que no admite solución limpia. En los campos de Al-Hol y Roj permanecen cerca de 11.600 personas de 70 países, de las cuales ~3.700 son nacionales europeos. España repatrió 17 menores de nacionalidad española en dos operaciones (enero 2023 y noviembre 2025).
Los menores no son responsables de las decisiones de sus progenitores. La Convención de Derechos del Niño es clara: el interés superior del menor prevalece. Pero algunos de estos menores — especialmente los que tenían 10-12 años cuando llegaron a Siria y han vivido años de adoctrinamiento intensivo, adiestramiento militar y violencia extrema — no son niños inocentes en el sentido habitual. El Estado Islámico los denominaba «cachorros del califato» y los formaba deliberadamente para convertirlos en la próxima generación de combatientes.
Fuentes de seguridad argumentan: «Es mejor traerlos de forma ordenada para que sean juzgados en lugar de dejarlos en territorio sirio y que puedan volver sin control pero con sus intenciones terroristas intactas.» El argumento es sólido: el retornado no controlado es más peligroso que el retornado que llega bajo supervisión judicial. Pero la repatriación implica gestionar la integración real de personas con niveles de radicalización desconocidos y sin los recursos institucionales para hacerlo.
Reinares propone tratamientos personalizados para las viudas de yihadistas que regresan con sus hijos, siempre y cuando se haga una «cuidadosa valoración de su potencial de peligrosidad». Pero la valoración de peligrosidad de una madre que defiende el proyecto del califato frente a la urgencia humanitaria de sacar a los niños de condiciones que les están matando es una ecuación sin solución técnica. Algunas mujeres fueron llevadas por sus maridos sin capacidad real de decisión; otras son actoras ideológicas convencidas. El protocolo no distingue fácilmente entre ambos casos.
Si los retornados adultos son procesados penalmente pero sin programa de desradicalización, salen en 3-5 años con sus creencias intactas y sin red de apoyo. Si se rebajan las condenas para facilitar la reintegración, se envía el mensaje de que ir a combatir con el Estado Islámico tiene un coste aceptable para futuros ciclos de movilización. Rebajar el coste de retornar favorece a quienes lo hacen desilusionados, pero también a los que regresan por conveniencia. No tiene efecto disuasorio respecto a posibles nuevos ciclos.
España ha manejado el problema de los retornados mejor que Francia o Bélgica en términos de atentados evitados: la inmensa mayoría de los CTE retornados han sido procesados judicialmente sin que hayan cometido atentados en territorio español tras su regreso. Para los menores repatriados, el protocolo existe en papel —servicios sociales, apoyo psicológico, seguimiento— pero la escala de la intervención necesaria para trabajar con un niño de 12 años que ha vivido en el califato desde los 7 no se corresponde con los recursos y la formación de los servicios sociales ordinarios. El problema de los retornados y sus hijos no es una crisis del pasado — es una crisis de gestión lenta que irá produciendo resultados en la próxima década dependiendo de las inversiones que se hagan hoy en reintegración real.
Fuentes: DSN — Informe de Seguridad Nacional (2024) · Real Instituto Elcano (estudio sobre 24 presos yihadistas, 2025) · El Confidencial (datos CITCO, 2023) · El País (repatriaciones 2023, 2025) · OHCHR (Al-Hol, 2024)