Hermanos Musulmanes, salafismo quietista, Hizb ut-Tahrir. Tres movimientos distintos, una frontera difícil, y el debate que España ha esquivado. Análisis con evidencia empírica y honestidad sobre sus límites.
Colapsar islam político no violento con terrorismo — convirtiendo toda práctica religiosa políticamente orientada en amenaza de seguridad.
Ignorar el problema con el argumento de que señalar el islam político no violento es islamofobia instrumentalizada.
Ambas posiciones impiden el análisis riguroso que el tema exige.
El islam político designa cualquier movimiento que sostiene que el islam es un sistema completo de organización social y política — no solo una práctica religiosa individual. Que la sharia debe guiar las instituciones colectivas. En este sentido amplio, el concepto abarca desde movimientos de integración democrática hasta movimientos que aspiran al califato global. Meterlos en la misma categoría produce más confusión que claridad.
Rechazo activo de la participación política. Visión rigorista de la práctica individual. No es terrorista ni lo pretende. Puede producir aislamiento social que crea vulnerabilidad, pero no es en sí mismo violento ni un escalón necesario.
Rechazan la violencia en Europa como táctica actual. Apuestan por la transformación desde dentro de las instituciones democráticas. No son terroristas en Europa pero tienen vínculos históricos con el terrorismo en otros contextos (Hamas es su rama palestina).
Objetivo: establecimiento de un califato global. Rechazo formal de la violencia como táctica, pero no rechaza el califato como fin. La democracia y el islam son incompatibles porque toda sociedad que no se subordine a la primacía de Dios vive en estado de ignorancia.
Corriente que legitima el uso de la violencia como instrumento de expansión islámica. Minoría dentro del salafismo global, pero minoría activa y peligrosa. Es la corriente que fundamenta operacionalmente los atentados en España y Europa.
«Mientras que a lo largo de los últimos años en muchos otros países europeos se ha instalado el debate sobre el papel del islamismo en la sociedad, España ha permanecido al margen. La atención acordada al yihadismo ha sido enorme en comparación con otras manifestaciones no violentas del islamismo, de las cuales la Hermandad Musulmana representa una de las presencias más importantes.»
Los primeros miembros llegan en los años 60: jóvenes militantes sirios huyendo de la represión y estudiantes de Oriente Medio. Sus primeras asociaciones se convirtieron en representantes de la comunidad musulmana a nivel local e interlocutores frente a instituciones públicas.
La trayectoria de Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España hasta su muerte, ejemplifica la querencia del movimiento por «puestos cercanos a la toma de decisiones y al establishment político».
«Una particularidad de la Hermandad es su habilidad estratégica a la hora de crear y operar entidades que proyectan una imagen distorsionada de su tamaño y representatividad. Carece de estructura oficial alguna en Occidente y aquellos individuos señalados como miembros niegan sus lazos.»
Esto hace extraordinariamente difícil tanto su estudio académico como su tratamiento legal.
La Operación WAMOR supuso la desarticulación de la estructura de financiación del terrorismo yihadista más grande descubierta hasta entonces en España, comprometiendo directamente uno de los eslabones de la estructura vinculada al entorno de la UCIDE. Esto no prueba que los HHMM como organización financien el terrorismo en España. Prueba que el espacio organizativo creado por el islamismo no violento puede ser infiltrado o utilizado por actores violentos, y que la frontera entre ambos mundos es más porosa de lo que el discurso oficial reconoce.
HUT representa el caso más difícil porque su posición respecto a la violencia es genuinamente ambigua — no en el sentido de que mientan sobre sus intenciones, sino porque la coherencia interna de su doctrina hace difícil trazar la línea.
Condena los actos terroristas poniendo el foco en que dañan a civiles no combatientes. El rechazo a la violencia no es principista — es un rechazo táctico. Pero la definición de quién es inocente depende de la aplicación de la propia doctrina.
«Todas aquellas sociedades que no se subordinen a la primacía de Dios a través de la aplicación de la Sharia viven en un estado de ignorancia.» La democracia y el islam son incompatibles en su marco doctrinal.
El islamismo no violento es legítimo ejercicio de libertad religiosa e ideológica. Mientras no haya violencia o llamada explícita a ella, el Estado democrático no debe interferir.
Hay una escalera de radicalización que va de la práctica religiosa conservadora al islamismo político al yihadismo.
El islamismo político busca aprovechar las libertades democráticas para alcanzar fines que entran en conflicto con los principios fundamentales de la democracia liberal — sin ser terrorismo.
«Mientras que algunos practican el funambulismo sobre la delgada línea que separa la violencia de la no violencia, la mayoría son pacíficos; sin embargo, rechazan la democracia, acusan de inmoralidad a Occidente y abogan por el aislamiento del creyente de la sociedad occidental en la que debe vivir.»
El aislamiento social que produce el salafismo quietista puede crear condiciones de vulnerabilidad: comunidades con poca interacción con la sociedad no musulmana, con un discurso de superioridad moral, producen individuos con la pertenencia islámica como único marco de identidad legítimo — lo que los hace más receptivos cuando un reclutador llega con una narrativa de agravio.
La práctica religiosa observable — oración, velo, alimentación halal, distancia social — no es indicador de radicalización hacia la violencia. Millones de personas practican el salafismo quietista sin ninguna tendencia hacia la violencia. Usar la práctica religiosa como indicador de riesgo es empíricamente incorrecto y políticamente destructivo para la confianza comunitaria que hace posible la prevención real.
Las organizaciones islamistas no violentas en España han tenido acceso privilegiado a la interlocución institucional como representantes de la comunidad musulmana — sin que se haya producido un debate público sobre si esa representatividad es real y sobre qué condiciones deben satisfacer para ser interlocutores legítimos. Francia, Alemania y Austria han tenido ese debate. España lo ha esquivado más sistemáticamente que sus vecinos.
Como documentó la Operación WAMOR, el espacio organizativo del islamismo no violento puede ser utilizado por actores violentos cuando no hay transparencia ni escrutinio.
Cuando el Estado dialoga con organizaciones que no reconocen la igualdad de la mujer o la libertad religiosa como derechos fundamentales, está implícitamente legitimando posiciones incompatibles con la Constitución.
La solución no es la criminalización de la fe ni la islamofobia institucionalizada — es lo contrario: exigir a las organizaciones que aspiran a ser interlocutores institucionales que demuestren su compromiso con los valores constitucionales. Los mismos que se exigen a cualquier partido político o asociación que quiere participar en la vida pública democrática. Eso no es hostigar al islam. Es aplicar al islamismo político los mismos estándares que se aplican a cualquier otro movimiento ideológico.
Honestidad intelectual: con la misma rigor con que se señalan los problemas, se señalan los límites del conocimiento disponible.
No hay evidencia de que la mayoría de los miembros de organizaciones islamistas no violentas en España sean conscientes de estar participando en un proyecto político de largo plazo. Muchos participan en actividades comunitarias y religiosas sin ninguna agenda política implícita.
No hay evidencia de que el islamismo no violento produzca terroristas de forma sistemática. La mayoría de yihadistas detenidos en España no tienen una historia de militancia islamista organizada — se radicalizan a través de redes informales, prisiones y medios digitales, no a través de la Hermandad.
No hay evidencia de que la ilegalización de estas organizaciones — como ha hecho Austria con los HHMM — sea más eficaz que la transparencia, el escrutinio y la exigencia de valores constitucionales. Las organizaciones ilegalizadas no desaparecen: operan bajo otras etiquetas con menos visibilidad y más dificultad de seguimiento.
Altuna, S. y Vidino, L. (2022). La Hermandad Musulmana en España: análisis de su implantación y de sus redes. Documento de Trabajo 6/2022. Real Instituto Elcano.
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